Emergencia Solidaria. Pandemia y cuarentena rígida. Vandalismo rural.
Por Exequiel Flesler
Delitos en el campo
Este fin de semana sucedió otro hecho vandálico contra los silobolsas en los que los productores agropecuarios guardan la cosecha a la espera de la venta o de su utilización como alimento para el ganado.
En esta oportunidad, el episodio se dio en Gobernador Echagüe, departamento Tala. Según pudimos averiguar, dañaron tres silobolsas con unas 500 toneladas de soja. El arrendatario del campo realizó la denuncia en la Jefatura Departamental de Policía en donde fue recepcionada.
El tema causa preocupación en el Gobierno y, por eso mismo, fue tema de conversación a fines de junio cuando el ministro de Producción, Juan José Bahillo, se reunió con dirigentes de las entidades agropecuarias.
De ese encuentro los dirigentes del agro salieron contentos por el compromiso asumido por el ministro y por la predisposición mostrada por el Director de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Mario Francisco Zarate.
El mismo Zarate cuenta que “no son hechos sistemáticos ni organizados. Se trata de problemas entre la patronal y empleados. Inclusive en alguno había un problema con una sucesión. En total, en la provincia tenemos seis casos”.
La situación es entendida según esta descripción desde el Gobierno, la Policía y, esto es importante, la dirigencia del sector agropecuario. Está claro que en algunos productores la lectura es otra y observan una mano política en estos delitos. Posición que, en rigor de verdad, no encontró ningún asidero en la realidad.
Un aspecto pendiente es la elaboración de un protocolo de actuación para este tipo específico de delito. Puesto que, por caso, muchas veces los productores ante un episodio de estas características primero juntan la cosecha derramada antes de dar aviso a la policía y que esta construya las pruebas.
El problema existe y, por ahora, fue abordado con responsabilidad por los diferentes actores.
Área metropolitana
Los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito decidieron continuar con las restricciones durante una semana debido al agravamiento de la situación epidemiológica por el Covid 19. Así se informó tras la reunión de Gabinete que presidió el gobernador Gustavo Bordet.
En el Centro Provincial de Convenciones, tuvo lugar un encuentro donde el primer mandatario entrerriano; la vicegobernadora Laura Stratta; miembros del gabinete provincial; los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de Oro Verde, Oscar Toledo, y de San Benito, Exequiel Donda, e integrantes del COES, para analizar la situación epidemiológica.
Allí se anunció que se enviará un informe a Nación para que se evalúe la clasificación epidemiológica. Esto es clave. La decisión, en base a una ecuación, la tomará Nación. El costo recaerá, así, en el Poder Central. Pero para los ciudadanos del área metropolitana de Paraná es la misma cosa. A Otro tema.
La discusión puede ser sobre si la Provincia realizó suficientes controles en los accesos, sobre si acondicionó eficientemente el sistema de salud, sobre si el Municipio controló como corresponde en los comercios. Discusiones ya menos importantes.
Hoy el problema pasa por si es posible cerrar más la circulación de los ciudadanos en la capital de la provincia. Es decir, si el Estado puede prohibirle a un changarín que salga a cortar el pasto por $ 200 para poder comer. Con menos dramatismo pero con igual urgencia la idea puede aplicar al dueño de un pequeño bar o de un restaurant. O el dueño de un comercio no esencial que abre solo para evitar que las telarañas fijen las persianas. Nadie vende mucho, más bien casi nada.
Por estas horas se discute si Paraná pasa de la etiqueta de “transmisión por conglomerado” a la de “transmisión comunitaria”. Lo que podría determinar este pasaje es la imposibilidad de establecer los nexos epidemiológicos de algunos casos de coronavirus.
Sucede que alguien que, eventualmente, se contagie luego de participar de una actividad no habilitada es altamente probable que omita esta información a los médicos ante el temor de que sea devorado por la maquinaria de la Justicia Federal. Dicho fácil: El sistema penal conspira contra la salud pública.
Como bien plantea Rodrigo Quiroga, investigador asistente CONICET que viene siguiendo las estadísticas de la pandemia, “es muy importante que no tratemos a los infectados cómo criminales. Cuándo la circulación del virus es tan alta te podés contagiar yendo al súper. Y aunque hayan violado la cuarentena, necesitamos que todos reporten los síntomas el mismo día que aparecen”.
Es muy importante que no tratemos a los infectados cómo criminales.
Cuándo la circulación del virus es tan alta te podés contagiar yendo al súper.Y aunque hayan violado la cuarentena, necesitamos que
todos reporten los síntomas el mismo día q aparecen! Nos cuidemos entre todos!— Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) July 4, 2020
Emergencia Solidaria
La Legislatura Provincial dio sanción definitiva a la Ley de Emergencia que días atrás envió el Poder Ejecutivo. Así, pasó sin muchos problemas tanto por Diputados como por Senadores.
Desde el oficialismo negaron que la norma implique un ajuste y la calificaron como “una medida progresiva en materia económica” y como “una acción progresista políticamente”. En tanto, recibió fuertes críticas de la oposición.
Todo el oficialismo votó a favor y toda la oposición en contra. Solo dos diputadas y una senadora del oficialismo objetaron algunos artículos (Mariana Farfán y Stefanía Cora en la Cámara Baja y Nancy Miranda en la Cámara Alta), es historia.
Mientras sucedía, afuera de Casa Gris trabajadores de distintos sindicatos y sectores políticos se manifestaron para repudiar la sanción de la ley.
Dirá la historia, o por lo menos el correr de los meses, si el esfuerzo sirvió para algo o fueron mayores los costos que los beneficios del esfuerzo. Mientras tanto, las ideas vienen de la mano del intento de incrementar la recaudación vía nuevos tributos. Creatividad a marzo.
Fondos para municipios
El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto que establece la distribución de 300 millones de pesos entre todos los municipios en concepto de aportes no reintegrable.
El 90 por ciento de ese monto se repartirá de acuerdo al índice de coparticipación y el resto por los casos de covid positivos en cada localidad.
La novedad fue dada a conocer en el transcurso de la reunión que mantuvo el primer mandatario entrerriano, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Economía, Hugo Ballay, con el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte.
El 90 por ciento va a ser distribuido por índice de coparticipación y el 10 por ciento restante de acuerdo a la cantidad de casos covid positivos que haya tenido cada localidad.
Un reclamo de la oposición desde el comienzo de la pandemia que comienza a ser, en parte, respondido.
