Casi veinte días de paro de colectivos. Este lunes el ministro de Transporte visita Paraná. Se consolida una liga de intendentes de distinto palo. El Plan de Operaciones.
Por Exequiel Flesler
El transporte público urbano de pasajeros es un problema severo para todas las ciudades que no comprendan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta la movilidad de los trabajadores, obliga a utilizar autos particulares -con lo que ello trae aparejado en términos de espacio y contaminación-, reduce el tiempo de ocio de los empleados que pasan horas arriba de los colectivos.
Existe una diferencia sustancial entre los subsidios al transporte que se aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA) respecto de los que recibe el resto del país. Entre estas ciudades, las del resto del país, se encuentra la capital de Entre Ríos: Paraná.
La situación en Paraná
En Paraná los choferes de colectivos completan 18 días de paro este sábado 30 de mayo. O dicho de otra manera, los usuarios de los colectivos hace 18 días que no pueden subirse a uno. En la capital de Entre Ríos, la medida de fuerza comenzó el mismo día que en la ciudad de Santa Fe, pero allí ayer, viernes 29, hubo un principio de acuerdo y la medida se levantó.
Este lunes, el primer día de junio, visita Paraná el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. El motivo formal de la presencia es reactivar el servicio de tren entre Paraná y Colonia Avellaneda. Por esto estará también Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.
Ahora bien, la presencia de Meoni es un paso en el sentido de encauzar las conversaciones. Se intentará firmar un acuerdo para que, en caso de llegar un nuevo subsidio, las empresas se comprometan a pagar salarios antes que cualquier otra erogación.
Esto requiere, más allá de la responsabilidad que implica la palabra, un compromiso que lleve la firma de los empresarios y de los trabajadores representados por la UTA.
Este compromiso es un desafío jurídico, puesto que debe especificarse el destino de los fondos destinados a los empleados. En resumidas cuentas, el circuito del dinero es Nación – Provincias – Municipios – empresas – trabajadores. En la capital entrerriana, es Lucila Haidar, secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, quién participa en esta estructuración jurídica.
Otro punto, no menor, de la discusión es la pelea por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Esta ayuda del Estado Nacional para pagar salarios de trabajadores no aplica para muchas empresas de transporte. El motivo es que ya reciben otra serie de subsidios. En números: 600 trabajadores entrerrianos no recibieron su ATP ni para abril ni en mayo. Esta posibilidad, la de otorgarles el ATP a las empresas de transporte, no es una solución pero ayudaría a construir un puente hasta la solución real del problema.
La Liga
La discusión no involucra solo a Paraná, desde luego. Distintos intendentes del interior del país vienen manteniendo comunicaciones en el sentido de encontrarle una solución al problema del transporte urbano de pasajeros en sus ciudades. Quizás unidos por el espanto, en esta liga confluyen representantes de espacios políticos muy disimiles.
Adán Bahl (PJ), de Paraná; de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Rosario, Pablo Javkin (UCR); de Santa Fe, Emilio Jatón (PS); de Bariloche, Gustavo Gennuso (Juntos Somos Río Negro); y de Salta, Bettina Romero (Salta Nos Une); de San Salvador de Jujuy¸ Raúl Jorge (UCR). El jujeño es el último que se incorporó a lo que ya puede denominarse la Liga de Intendentes por el Transporte.
Los duros
De este grupo, son el cordobés Llaryora y el rosarino Javkin, el primero peronista y el segundo radical en el Frente Progresista santafesino, quienes hacen de punta de lanza de los reclamos. Son los más duros.
Llaryora porque tiene el respaldo político del gobernador de su provincia, Juan Schiaretti. Javkin, porque es en sí propio un actor relevante y porque tiene la complicación de que en Rosario el Estado Municipal es participe de una parte del transporte urbano. Esto creó una disparidad entre los empleados de las empresas privadas y los del Estado. Los últimos tienen menos problemas para cobrar, los privados no cobran. Ruido hacia dentro del sector de los trabajadores, también.
Los otros intendentes comparten los reclamos pero, por distintos motivos, deben mantener cierto equilibrio. De todos modos, hay acuerdo en que debe buscarse una solución más prolongada que la de patear la pelota hacía adelante.
El plan
De las conversaciones surgió una especie de plan de operaciones. Este plan, como todo en este tiempo, es dinámico. Es decir, lo que hoy es mañana puede ser historia vieja.
Proponen llegar con el reclamo a la Capital Federal. “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”, fue la frase, híperconocida y repetida, que enunció uno de los partícipes de las reuniones por videollamada entre los intendentes.
Para esto piensan utilizar a los legisladores nacionales como lobbystas. Ya hubo avances en este aspecto.
El último punto de este Plan, aún en desarrollo, es avanzar en el dialogo con las delegaciones locales de UTA. Hacerlos comprender que la solución no viene por el lado de arreglar con tal o cual municipio. Que la solución legará en tanto la Nación comprometa más fondos pero no de modo excepcional si no en el marco de una reestructuración federal y equitativa de los recursos. Difícil.
