Dijo que no recibió llamada de ningún funcionario público político y consideró que la coexistencia de ambos sectores debería poder darse en el campo.

El juez Raúl Flores, que tiene bajo su responsabilidad la disputa de la familia Etchevehere, dijo que se desprendió de la causa porque estaba como subrogante debido a que el titular del Juzgado de garantía, Walter Carballo, volvió a la actividad.

“Ayer elevamos el incidente de desalojo a la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver”, dijo en diálogo con radio Costa Paraná. El magistrado rechazó el pedido de la querella de desalojar a Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas al entender que no se trata de una toma ilegal ni usurpación, pero aclaró que debió resolver en medio de una “situación de provisoriedad”.

Flores continuará al frente del Juzgado de Familia, al haber regresado a su puesto el juez de Garantía, por lo que se hará cargo de la causa el doctor Carballo.

Ante una consulta en el programa Aire de todos, el magistrado dijo que la recusación que le planteó el abogado Rubén Pagliotto, en representación de Leonor Barbero y sus hijos Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere, carece de argumentos y “no supo mencionar ninguna de las causas para apartarse, por lo que debe rechazarse por inadmisible debido a que el recusado no puede defenderse”.

Contó que dejó la causa habiendo dado lugar al pedido de conciliación que presentó la defensa de Dolores Etchevehere, que constaba de seis puntos, entre los cual está la mensura de fracción de ella, un encuentro en la sede del Colegio de Abogados en Paraná, a fin de que puedan llegar a un acuerdo consensuado.

“Sí, claramente”, contestó cuando se le preguntó si no autorizó el desalojo porque no ve que haya una toma ilegal de tierras. “Las tomas, así como el término lo dice es una ilegalidad y se da cuando el que lo ocupa no tiene ningún derecho al inmueble”, indicó.

Flores también habló sobre la medida que adoptó en cuanto a prohibir el acercamiento de los familiares de Dolores hacia su persona. “La señora Dolores Etchevehere presentó una denuncia de extorsión en contexto de violencia de género, según la carátula que le dio Fiscalía. Ustedes pudieron haber visto, a mi me lo mostraron, una toma (video) donde le ofrecen un salvoconducto a ella para que se fuera. Ella se sintió claramente presionada, e invocando la Ley 26.485, retención de la mujer, además del presunto delito de extorsión, pide medida de protección de la mujer. Ella se sintió vulnerada y nosotros hicimos lugar. La fiscalía misma pide medida de protección de la mujer y nosotros accedemos. Pero no que no se hablara de ella, ni un bozal”, explicó y agregó que “en los juzgados de familia son muy usuales esas medidas”.

También se le preguntó al juez si los familiares de Dolores Etchevehere pudieron probar que ella no es dueña. “Al contrario. Ellos, con el acta de asamblea de septiembre de 2018, porque lo trajo el doctor Pagliotto, probaron que ellos mismos le dieron una fracción de 129 hectáreas a la señora Dolores. Tras cartón traen un convenio privado que a los cuarenta y pico de días vuelve a ceder esas acciones que había recibido de sus hermanos. Pero la defensa dice que ese devolver las acciones se da en un marco de extorsión, que se investiga en la Justicia Federal”, contestó.

Con los elementos que había, sin violentar la entrada, no podía resolver el desalojo porque “no me convenció con la provisoriedad de las medidas cautelares”.

El magistrado contó, ante una pregunta puntual, que recibió muchas llamadas de colegas y amistades que “entendieron que resolví, como lo hago siempre, con lo que hay en la causa, sin agregar ni quitar nada. Traté de explicar a los periodistas (Luis) Novaresio y (Antonio) Laje que si la familia no traía esa asamblea, donde le otorgan ese derecho a Dolores, ya lo hubiese desalojado, sin ningunas dudas”.

En ese tramo de la entrevista se habló si acaso hubo un error estratégico por parte del sector mayoritario de los Etchevehere. “Mire -contestó-, eso lo dijo la defensa porque Pagliotto trae ese acuerdo privado (el de la cesión de acciones) para dejar sin efecto esa asamblea (de entrega de la parcela de 129 hectáreas) y la Defensa dijo que la cesión de inmueble está prohibido por los artículos 16 y 18 del Código Civil y Comercial, que hoy sí o sí se tiene que hacer por escritura pública. Volvemos a la provisoriedad con que yo tengo que resolver”, explicó.

Finalmente dijo que no recibió llamada de ningún funcionario público político y consideró que la coexistencia de ambos sectores debería poder darse en el campo, mientras se tramita la cuestión de fondo sobre la titularidad del inmueble.

Fuente: Radio Costa Paraná – Entre Ríos Diario